Arrestados por corrupción en la Operación Medusa han estado intimidando a testigos desde las cárceles
Capturados por corrupción en la Operación Medusa han amenazado desde la cárcel a algunos de los más de 100 observadores que el Ministerio Público presentará en todo momento, desveló esta tarde el delegado instructor Wilson Camacho.
El máximo responsable de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) aludió al asunto al comunicar su confianza en la elección del juzgador que conozca el aumento mencionado por el Ministerio Público. «Efectivamente, se sostiene (la solicitud) por la forma en que algunos de estos observadores, según los hemos ido interrogando, han informado al Ministerio Público que han sido asustados, algunos de ellos, incluso, llamados desde las cárceles para que no ofrezcan participación al Ministerio Público», dijo.
Definió que el Ministerio Público ha sido escudriñado por algunos litigantes por el amedrentamiento de los testigos, justificación por la cual dejó de ofrecer más sutilezas a los columnistas que se dirigieron hacia él a la salida de la reunión.
La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mantendrá en audiencia el próximo martes 29 de marzo, a las 2:00 de la tarde, la auditoría requerida de la medida de coerción impuesta a los imputados Jean Alain Rodríguez Sánchez, anterior Procurador General de la República, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, anterior jefe de Informática y Comunicación del Ministerio Público, ambos culpables en el Caso Medusa.
El juzgado está conociendo adicionalmente la solicitud de ampliación del Ministerio Público para documentar la debida acusación contra los vinculados al caso.
Camacho se mostró seguro de que el juez Ramírez de la Cruz mantendrá las actuaciones forzadas contra los imputados a la vista de que los planes económicos se mantienen, y de esta forma precluyó que no hay gran explicación para que un juzgado opte por desplazarlos.
«Lo que le queda al Ministerio Fiscal en la siguiente vista es una contrarréplica y utilizaremos el término sensato para hacerlo», aclaró Camacho para los columnistas.
Camacho participó en la reunión junto a la investigadora representante Yeni Berenice Reynoso, máxima responsable de la Dirección General de la Fiscalía del Ministerio Público, así como la instructora del tribunal Mirna Ortiz y algunas personas del cuerpo de instructores que desgranan el argumento contra el anterior instructor Rodríguez Sánchez y diferentes personas de la red de desfiladeros directivos enfrentados a la Operación Medusa.
En la vista del próximo martes, el Ministerio Fiscal dispondrá de 15 minutos para persuadir a una solicitud particular de uno de los individuos de la protección.
El anterior instructor está imputado junto a algunas autoridades de su gestión en la cúpula del Ministerio Público en el periodo comprendido entre 2016 y 2020.
El anterior examinador Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, anterior veedor gerente del Ministerio Público cumplen año y medio de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Hombres de Najayo,
La ingeniera Jenny Marte Peña, anterior gerente de proyectos, está detenida en su casa, al igual que los anteriores subjefes gerenciales Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, anterior director de Contabilidad.
El ciclo se sigue adicionalmente contra el anterior consultor Miguel José Moya, a quien se le impuso un aseguramiento monetario de 1.000.000 de pesos como acuerdo con una agencia de seguros, un impedimento para salir de las instalaciones y un espectáculo ocasional.
Asimismo, se incluye a Rafael Stefano Canó Sacco, anterior jefe de personal del anterior abogado Rodríguez Sánchez, quien fue capturado en España el año pasado y se mencionó que sería trasladado a la República Dominicana.
El documento del Caso Medusa muestra que los acusados formaban parte de una organización de desvío de fondos que trabajaba desde la Procuraduría General de la República y que, según las mediciones iniciales, estafó al Estado dominicano en más de 6 mil millones de pesos.
En el transcurso de los exámenes, el Ministerio Público logró la compulsa contra todos los inculpados, algunos de los cuales han sido sometidos a prisión preventiva y domiciliaria, y se han esfumado en numerosos eventos en los que han intentado adquirir una variedad de las acciones en varios tribunales del país, con el objetivo de obtener su oportunidad.
El órgano de acusación de desacato reglamentario los culpa de abusar de los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que retratan y reprueban la alianza de autoridades, la mentira, la relación de transgresores y el engaño al Estado, entre diferentes normas.
