Desapariciones sin resolver: La lucha de las familias contra la incertidumbre
Las desapariciones de personas en República Dominicana continúan siendo un flagelo que alarma a la sociedad y deja a familias sumidas en la incertidumbre. La Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade) ha advertido que el número de casos sigue en aumento, mientras la falta de soluciones por parte de las autoridades agrava la crisis y genera una sensación de desamparo colectivo.
Entre los casos más recientes destaca el de José Dolores Rodríguez, conocido como «El Viejo Lolo», un hombre de 93 años desaparecido en diciembre de 2024 en Manabao, Jarabacoa. Según relatos, un vecino lo encontró desorientado y lo ayudó a regresar a su hogar, pero al día siguiente ya no se encontraba allí. A pesar de los esfuerzos de la Fuerza Aérea, el Ejército, el Dicrim, la Cruz Roja y otros equipos de rescate, su paradero sigue siendo un misterio.
Asimismo, el caso de Dabeida María Mercedes Brache, una maestra que desapareció el 1 de marzo de 2023 mientras viajaba a La Vega, y el de Joan Genao, un joven de 16 años que nunca volvió a casa tras salir de un cibercafé en octubre de 2024, reflejan la diversidad y complejidad de esta problemática. A ellos se suman nombres como José Lucía Alcántara, Ana Iris Román Martínez y Juan Americia Sosa, cuyos casos tampoco han tenido desenlace.
Un reciente hallazgo trajo algo de claridad, aunque en circunstancias trágicas. Alfred Joel Fernández, un taxista de Moca de 33 años desaparecido desde enero de 2025, fue encontrado sin vida en estado de descomposición en la comunidad La Soledad, Moca. Este suceso pone de manifiesto los riesgos que enfrentan las víctimas y la desesperación de sus familias.
Asodofade ha señalado la urgencia de implementar medidas efectivas para enfrentar esta situación, entre ellas la aprobación de un sistema de Alerta Amber que mejore la respuesta ante casos de desaparición. Además, exigen a las autoridades mayor compromiso en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la prevención de estos hechos.
La ausencia de respuestas y la falta de justicia agravan el dolor de las familias afectadas y plantean preguntas sobre la capacidad de las instituciones para garantizar la seguridad ciudadana. Mientras los casos no resueltos siguen aumentando, el país enfrenta un desafío que no solo afecta a los directamente involucrados, sino también a toda una sociedad que exige soluciones inmediatas y justicia para las víctimas.
