Extranjeras víctimas de trata y tráfico serán repatriadas tras el caso Flor de Loto
La Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Internacional & Paisea Asociados), en colaboración con los gobiernos de República Dominicana, Colombia y Venezuela, junto a los grupos RATT de estos países y la Organización Internacional para las Migraciones, anunciaron este martes que están trabajando para repatriar a un grupo de mujeres colombianas y venezolanas, víctimas de trata y tráfico de personas en Santiago. Estas mujeres fueron rescatadas durante la Operación Flor de Loto.
En un comunicado, RATT expresó que «la repatriación de estas mujeres no solo es un acto humanitario, sino también un ejemplo de la vital importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la trata de personas». La colaboración entre RATT Colombia, RATT República Dominicana y RATT Venezuela, demuestra cómo la coordinación y el compromiso entre ONGs internacionales pueden resultar en acciones efectivas para rescatar y proteger a quienes han sido explotados.
Detalles del caso
Las 45 mujeres (43 colombianas y dos venezolanas) fueron rescatadas por el Ministerio Público durante la Operación Flor de Loto. Estaban cautivas en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, en Los Rieles de Gurabo, Santiago, donde eran explotadas sexualmente.
Según el documento de solicitud de coerción del Ministerio Público, los presuntos integrantes de la «estructura criminal», Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez, viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas. Les costeaban los procesos migratorios y de vivienda, atándolas a una deuda que debían saldar a través de trabajos sexuales bajo las condiciones impuestas por ellos.
Las víctimas dependían de los tratantes para moverse de un lugar a otro. Los hombres arrestados durante la operación controlaban los documentos de identidad de algunas víctimas y gestionaban los pagos de los clientes, coordinando los servicios sexuales y precios a través de WhatsApp.
Pruebas y procedimientos
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 300 pruebas materiales, documentales y testimoniales que vinculan a los imputados con la actividad criminal. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva y que se declare complejo el proceso, presentando cargos por violación a la Ley 137-03 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y a varios artículos del Código Penal que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo.
La liberación de las víctimas es el resultado de una investigación exhaustiva que incluyó seguimiento y vigilancia intensiva para desmantelar la red criminal que explotaba a las mujeres, sometiéndolas a extenuantes jornadas laborales sexuales y forzosas, privándolas de su dignidad y violando sus derechos humanos.
Operativos y esfuerzos
Osvaldo Bonilla Hiraldo, titular de la Fiscalía de Santiago, informó que los 15 allanamientos realizados requirieron la disposición de más de 100 personas entre fiscales, fiscalizadores y oficiales de la Policía Nacional, quienes hicieron grandes esfuerzos para resguardar a las víctimas.
Además, Bonilla Hiraldo destacó que, más allá de la ilicitud de estas actividades, estos operativos envían un mensaje en favor de la dignidad de las mujeres y las familias que residen en los residenciales donde la organización criminal intentó implantar un estado de promiscuidad.
La Ley 137-03 sanciona los delitos de tráfico y trata de personas, que incluyen numerosas violaciones a la dignidad humana. Los apartamentos donde residían las víctimas eran alquilados por los imputados, quienes las mantenían bajo vigilancia constante. Durante los allanamientos, las autoridades también incautaron sustancias controladas y armas.
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