Prohíben Venta de Refrescos y Comida Procesada en Cafeterías Escolares
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda lectura, un proyecto de ley que prohíbe la venta de refrescos y alimentos procesados en las cafeterías de los centros educativos, como parte de una nueva normativa de alimentación y nutrición escolar.
La iniciativa, impulsada por la diputada Nelsa Soraya Suárez, establece que las cafeterías escolares no podrán promocionar, expender ni vender productos ultraprocesados, con alto contenido de azúcares o sodio, así como bebidas azucaradas «que no sean saludables para la niñez».
«Los alimentos que se consuman en las escuelas deben cumplir su papel de proporcionar los nutrientes necesarios para el desarrollo físico e intelectual de los niños», se argumenta en el artículo 31 del proyecto.
Además, la ley exige que los alimentos destinados a los niños sean preparados en los mismos centros educativos. Para ello, las autoridades educativas deberán proporcionar las instalaciones físicas necesarias. En caso de que las escuelas no cuenten con espacios adecuados, las cocinas escolares no deben estar a más de mil metros de distancia del centro educativo.
El objetivo deproyecto es «garantizar un mejor control, suministro y calidad, así como prevenir cualquier riesgo de contaminación por alimentos». Hasta que todas las cocinas estén instaladas en las escuelas, los proveedores externos de comida continuarán ofreciendo sus servicios con normalidad.
El artículo 57 de la iniciativa expresa que los centros educativos deben dar preferencia a la adquisición de alimentos agropecuarios dentro de las propias localidades en las que se encuentran las escuelas. Esto permitirá, según el proyecto, garantizar la agricultura familiar y respetar la cultura alimentaria a través de los productores locales.
Infracciones y Sanciones
El proyecto de ley también enumera una serie de infracciones aplicables a los directores de escuelas que den «mal uso» de los recursos destinados a la alimentación escolar. Asimismo, se sancionará a los proveedores que hayan ganado licitaciones de alimentos mediante actos fraudulentos y a aquellos que ocasionen daños a la salud de los niños por falta de calidad en sus productos.
El proyecto ahora pasa al Senado para su evaluación y posterior sometimiento al Pleno.
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