Santo Domingo. – A pocos días de cumplirse el primer año del segundo mandato del presidente Luis Abinader, el clima político y social en República Dominicana se ha tornado tenso, con múltiples sectores demandando acciones urgentes y decisiones clave del Ejecutivo.

📜 Legislaciones bajo fuego: El veto presidencial en la mira

La reciente aprobación de modificaciones al Código Penal, el Código Laboral y la Ley de Gestión de Residuos Sólidos ha desatado una ola de críticas y presión directa sobre el presidente Abinader. Grupos empresariales, sociales y de la sociedad civil exigen al mandatario que ejerza su poder constitucional de veto para evitar que dichas reformas entren en vigor tal como fueron aprobadas por el Congreso.

Organizaciones feministas y entidades como Participación Ciudadana han exigido rechazar el nuevo Código Penal, por su exclusión de las tres causales y otras omisiones que consideran retrocesos en materia de derechos.

En paralelo, el sector empresarial se ha pronunciado con firmeza contra la reforma al Código Laboral. Según el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y Copardom, la versión conocida en primera lectura en la Cámara de Diputados desconoce avances previos del diálogo tripartito, introduce temas no consensuados y omite medidas clave para fomentar empleos formales.

🧱 Mano de obra haitiana: Exigen claridad en la política migratoria

Desde el sector construcción, turismo y agricultura, gremios empresariales demandan al gobierno establecer un plan claro sobre el uso de mano de obra haitiana, señalando que la política de deportaciones ha provocado escasez de personal en múltiples áreas productivas.

Aunque el diálogo encabezado por Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía dentro del Consejo Económico y Social (CES) ha reducido la tensión, las exigencias de definir una política coherente siguen sobre la mesa.

🏗️ Gremios piden frenar reforma a ley de residuos sólidos

La Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem) expresó su “profunda preocupación” por el artículo 20 de la reforma a la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, que obligaría a las cementeras a utilizar combustibles derivados de residuos nacionales. La entidad advierte que esta disposición afectaría la libertad de empresa y fomentaría monopolios.

El reclamo de Adocem ha sido respaldado por un amplio bloque del sector turismo, incluyendo Asonahores, Adeti, Aderes, Asoleste, AHSD, Ahetsa, Ashonorte, Promiches, entre otras asociaciones, que también exigen al presidente observar la ley y mantener la competitividad y apertura del sector productivo.

📢 Comunidades en protesta: Infraestructura, obras paralizadas y tensiones ambientales

En distintos puntos del país, comunidades han salido a las calles reclamando mejoras en infraestructura básica, como calles, acueductos, electricidad y escuelas.

En el Cibao, se han registrado protestas en Santiago, Moca y Puerto Plata. En esta última provincia, los residentes exigieron esta semana la reparación urgente del Teleférico, que lleva más de un año fuera de servicio y cuya eventual privatización ha generado temor e inconformidad.

Por otro lado, el proyecto de ampliación de la Avenida República de Colombia ha enfrentado fuerte resistencia, especialmente por la posible afectación al Jardín Botánico Nacional, lo que provocó protestas de ambientalistas y rechazo de la opinión pública. Aunque las autoridades han asegurado que no tocarán la verja perimetral del parque, los trabajos en las aceras cercanas encendieron las alarmas.

🔎 Conclusión

El presidente Luis Abinader enfrenta un complejo escenario de demandas cruzadas: presión legislativa, tensiones migratorias, reclamos sectoriales, y protestas comunitarias. Las decisiones que tome en las próximas semanas no solo definirán su postura frente a reformas clave, sino también su capacidad de mantener el equilibrio entre gobernabilidad, inversión y respuesta social.