Santo Domingo, RD – Jueves, 24 de julio de 2025. Diversas asociaciones del sector turístico y hotelero del país solicitaron este jueves al Poder Ejecutivo observar el proyecto de ley que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, recientemente aprobado por el Congreso Nacional, al considerar que la iniciativa fue aprobada sin el debido análisis técnico y sin medir adecuadamente su impacto en la economía, el medio ambiente y la autonomía municipal.

En un comunicado conjunto, las entidades advierten que las modificaciones propuestas podrían afectar gravemente la sostenibilidad ambiental, generar distorsiones en la libre competencia y poner en riesgo inversiones ya realizadas en infraestructura de manejo de residuos por parte del sector privado.

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) encabezó el llamado al presidente de la República, exhortando a abrir un espacio de diálogo técnico, plural y transparente, que permita revisar el contenido de la ley y construir una legislación que armonice el desarrollo sostenible con una gestión moderna y eficiente de los residuos sólidos.

Entre las principales preocupaciones, las asociaciones destacan:

• Falta de inclusión del sargazo como residuo valorizable, lo que impide su adecuada disposición final, a pesar de que el sector invierte millones de pesos cada año para mitigar su impacto en las costas turísticas.
• Restricciones a la autogestión de residuos, que limitan la posibilidad de que hoteles y empresas manejen directamente su valorización, obstaculizando el cumplimiento de estándares internacionales.
• Concentración de servicios en pocos actores, al establecer un único relleno sanitario por provincia y una planta de tratamiento por región, lo que podría incentivar prácticas monopólicas y reducir la eficiencia del sistema.
• Contribución económica desproporcionada, al aplicar un cargo basado en los ingresos brutos sin considerar el volumen ni tipo de residuos generados, lo que afectaría especialmente a pequeñas y medianas empresas.
• Inseguridad jurídica para inversiones existentes, al reconocer solo los derechos adquiridos de rellenos sanitarios y no así de otras plantas de valorización aprobadas, lo que viola el principio de irretroactividad de la ley.
• Conflictos de interés en el Fideicomiso de Gestión de Residuos, por la inclusión de representantes de sectores beneficiarios dentro del consejo de administración.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Adeti, Aderes, Adecor, Adavit, Asoleste, Ashoresa, AHRB, AHSD, AHETSA, Ashonorte, Promiches, la Asociación de Hoteles de Juan Dolio y Adopetur, entre otras.

Finalmente, el sector reiteró su disposición a colaborar con el gobierno y los legisladores en la construcción de un marco normativo moderno, justo y equilibrado, que garantice una gestión responsable de los residuos sin comprometer el crecimiento del turismo ni la inversión privada.