El Gobierno dominicano anunció la capacitación de 3,000 servidores públicos de siete instituciones estatales en materia de ética e integridad, mediante un programa que busca prevenir prácticas de corrupción y conflictos de intereses dentro de la Administración pública.

La iniciativa fue presentada por el presidente Luis Abinader durante el lanzamiento del Curso Básico de Ética para Servidores Públicos. La formación contempla contenidos sobre responsabilidades institucionales, manejo de posibles conflictos de intereses y conductas contrarias a la ética en el ejercicio de las funciones públicas.

El programa comenzará con un plan piloto dirigido a empleados de siete instituciones vinculadas con la administración de recursos y el presupuesto nacional, aunque durante el acto no se detallaron los resultados concretos que se esperan alcanzar ni los mecanismos que se utilizarán para evaluar su impacto.

Durante la presentación, Abinader afirmó que la prevención de la corrupción requiere funcionarios conscientes de sus deberes y comprometidos con el interés colectivo.

Por su parte, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, explicó que las instituciones fueron seleccionadas por la relación de sus funciones con el manejo de fondos públicos.

En tanto, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, indicó que se promoverá la incorporación de esta formación como una obligación dentro de los acuerdos de desempeño de los empleados estatales.

El director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Gregorio Montero, informó que el curso tendrá una duración de 16 horas y se impartirá bajo una modalidad autogestionada.

La iniciativa plantea interrogantes sobre su alcance y efectividad, particularmente en cuanto a la capacidad de una capacitación de 16 horas para incidir en la prevención de la corrupción. También queda por conocer cómo se fiscalizará la aplicación de los conocimientos adquiridos, qué consecuencias enfrentarán quienes incurran en irregularidades y si el programa estará acompañado de controles institucionales y sanciones efectivas.

La formación ética constituye una herramienta preventiva, pero su impacto dependerá de que esté respaldada por mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas dentro de las instituciones públicas.