Santo Domingo, R.D. – ¿Qué sucede legalmente cuando una persona con trastornos mentales comete un homicidio en República Dominicana? Aunque la pregunta puede parecer sencilla, la respuesta está profundamente conectada con los principios del derecho penal y la salud mental.

La legislación dominicana, específicamente el Código Penal vigente, establece que una persona no puede ser considerada penalmente responsable si padece una enfermedad mental severa que le impida comprender sus actos o controlar su conducta.

Según el Artículo 64 del Código Penal Dominicano:

“No habrá crimen ni delito cuando el acusado estuviera en estado de demencia al tiempo de la acción.”

Esto significa que si un individuo, al momento de cometer un homicidio, sufría una condición como esquizofrenia, psicosis o cualquier trastorno mental grave, y no era capaz de distinguir el bien del mal o controlar su conducta, puede ser declarado inimputable.

En estos casos, no se impone una pena de prisión convencional, sino que el tribunal puede ordenar su internamiento en un centro de salud mental, como medida de seguridad tanto para el acusado como para la sociedad.

El Artículo 65 del mismo código agrega:

“Si una persona cae en demencia después de haber cometido un delito, no se procederá en su contra mientras dure dicho estado.”

Además, si la demencia ocurre después del hecho o durante el proceso judicial, el proceso puede suspenderse, y la persona no será juzgada ni sancionada mientras su condición mental no le permita participar de forma consciente en su defensa.

⚖️ ¿Qué implica esto?

• No hay libertad inmediata. Ser declarado inimputable no significa quedar en libertad, sino estar bajo supervisión médica y judicial.
• Evaluación psiquiátrica forense. El INACIF debe emitir un informe oficial que confirme la condición mental del acusado.
• Medidas de seguridad. El juez puede ordenar internamiento indefinido en un centro de salud mental especializado.

Este marco legal busca un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales y la protección de la sociedad. Sin embargo, su aplicación práctica sigue siendo motivo de debate y revisión, especialmente en casos mediáticos o de alto impacto social.