El 8 de abril de 2025 no fue una fecha común ni para República Dominicana ni para el resto del mundo. Ese día el corazón del país se estremeció con un despertar aterrador, provocado por la peor pesadilla registrada durante este año: el derrumbe del Jet Set Club.

Lo que prometía ser una noche de euforia se convirtió en horror. El techo de la icónica discoteca de Santo Domingo se desplomó sobre una multitud que disfrutaba de una fiesta, con el merenguero Rubby Pérez. Sin imaginar que esta sería la última velada de sus vidas.

Al día de hoy, en los barrios aún resuenan sus épicos éxitos: “Volveré”, “Buscando tus besos”, “No voy a llorar”, “Tú vas a volar”, “Enamorado de ella”, “De color de rosa” y “Sobreviviré”.

La cicatriz que dejó el desplome del centro nocturno sigue abierta, doliendo en el cuerpo y en el alma de los sobrevivientes. Bajo los escombros quedaron sepultados 236 sueños y la alegría de cientos de familias que hoy caminan incompletas. Han pasado ocho meses, pero el vacío es tan pesado como el cemento: faltan padres, hijos y amigos que dejaron sillas vacías difíciles de llenar. Al cierre de este 2025, el brillo de la Navidad se siente opaco, pues los dolientes enfrentan por primera vez el desafío de vivir estas fechas especiales entre el silencio y la ausencia de quienes nunca regresaron a casa.

El sistema judicial dominicano enfrenta una prueba de fuego con el caso Jet Set. Tras el colapso que segó la vida de 236 personas —un saldo trágico que internacionalizó el duelo con víctimas de Haití, Colombia, Francia e Italia, entre otros—, el foco se mantiene sobre la responsabilidad penal de los propietarios del establecimiento.

Pese a las querellas y peritajes que confirman fallas estructurales, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat enfrentan el proceso en libertad tras el pago de una garantía económica de RD$50 millones, medida que ha sido severamente criticada por la opinión pública y la comunidad jurídica. Con el juicio preliminar fijado para el 12 de enero de 2026, los afectados esperan que los constantes aplazamientos den paso a una sentencia que dignifique la memoria de quienes quedaron sepultados bajo la negligencia.