SANTO DOMINGO.– La Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal prepara un plan de divulgación para dar a conocer a la ciudadanía el contenido de la nueva legislación, mediante campañas en medios de comunicación, encuentros sectoriales y jornadas públicas que se desarrollarán entre octubre de 2026 y diciembre de 2027.

La iniciativa será presentada al presidente Luis Abinader, aunque todavía está pendiente la entrega formal del cronograma, según informó el presidente de la comisión, Milton Ray Guevara, durante un encuentro con la prensa celebrado en la Universidad APEC.

El organismo fue creado mediante el decreto 507-26, del 27 de julio de 2026, con el propósito de dar seguimiento a la implementación del Código Penal y promover el conocimiento de sus disposiciones entre la población.

De acuerdo con Ray Guevara, el plan fue aprobado por el pleno de la comisión el pasado 12 de octubre y contempla acciones para explicar los 393 artículos de la normativa. Sin embargo, la divulgación del contenido legal plantea interrogantes sobre el alcance de la iniciativa y la forma en que se abordarán las disposiciones que han generado observaciones en sectores jurídicos y sociales.

Tres fases para divulgar la legislación

La primera etapa contempla campañas en medios de comunicación, participación de los comisionados en espacios de opinión, la creación de un observatorio de seguimiento y un repositorio oficial de información, además de una guía de preguntas frecuentes.

La segunda fase, prevista para los próximos 90 días, incluirá encuentros con representantes de los sectores salud, empresarial y académico, así como con organizaciones comunitarias de distintas regiones del país. También se proyecta capacitar facilitadores y realizar jornadas públicas de preguntas y respuestas.

Para 2027, la comisión prevé ampliar la campaña a escala nacional e incorporar otros sectores, entre ellos los vinculados con las actividades inmobiliarias y la construcción.

Aunque el programa busca acercar la legislación a la ciudadanía, queda por determinar cómo se medirá su alcance, qué mecanismos permitirán verificar la comprensión de sus disposiciones y si los resultados de las consultas públicas serán divulgados de manera accesible.

La comisión no contempla evaluar las críticas al Código

Al ser consultado sobre los cuestionamientos de juristas a determinadas disposiciones, entre ellas el principio de resocialización y la acumulación de penas, Ray Guevara sostuvo que la comisión no tiene, en esta etapa, una función valorativa ni crítica, sino de divulgación y orientación.

En la misma línea, el comisionado Julio César Castaños Guzmán destacó el carácter académico y formativo de la iniciativa, tomando en cuenta la extensión y complejidad del texto legal.

Esta delimitación de funciones deja abierta una cuestión relevante: si durante las actividades de socialización se presentarán también las objeciones jurídicas existentes, las distintas interpretaciones de la normativa y sus posibles implicaciones para los ciudadanos, o si el proceso se concentrará exclusivamente en explicar el contenido aprobado.

La diferencia es importante, ya que conocer una ley no necesariamente implica comprender todas sus consecuencias ni contar con espacios para debatir sus disposiciones.

APEC ofrecerá apoyo logístico

La Universidad APEC servirá de apoyo para las actividades de la comisión. Su rector, Erik Pérez Vega, informó que la institución facilitará sus instalaciones en Santo Domingo y otras provincias para el desarrollo de los encuentros previstos.

Desde el inicio de sus funciones, en agosto de 2026, el pleno de la comisión ha celebrado seis sesiones formales de trabajo, según los datos ofrecidos durante la actividad.

Al encuentro con los medios asistieron, además, los comisionados José Lorenzo Fermín, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Alejandro Moscoso Segarra, Eduardo Jorge Prats y María del Pilar Zuleta.

Por el momento, el plan se concentra en la difusión del nuevo Código Penal. Su alcance práctico dependerá, entre otros aspectos, de la participación ciudadana, la transparencia de las actividades y la disponibilidad de información que permita conocer tanto el contenido de la ley como los debates jurídicos que genera.