5 de diciembre de 2025 2:59 AM

Defensa de Ana Josefa García Cuello denuncia abandono legal: 11 meses en prisión pese a diagnóstico de esquizofrenia severa

El abogado Joaquincito Bocio Familia exige que Ana Josefa García Cuello reciba tratamiento psiquiátrico en lugar de permanecer en prisión, tras ser diagnosticada con esquizofrenia severa por el Inacif

Santo Domingo, R.D. – A casi un año de haber sido arrestada por la trágica muerte de su hija de seis años, Ana Josefa García Cuello continúa recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, a pesar de estar clínicamente diagnosticada con esquizofrenia paranoide severa.

Su abogado defensor, Joaquincito Bocio Familia, denunció que el sistema judicial ha fallado en garantizarle un trato humanitario y ajustado a derecho, ignorando múltiples informes médicos que confirman su condición mental. Según explicó, esta situación constituye una violación directa al principio de inimputabilidad establecido por la ley dominicana para personas con trastornos mentales graves.

“Estamos hablando de una paciente psiquiátrica que no debería estar en una celda, sino bajo tratamiento especializado. El Inacif validó su diagnóstico hace meses y aún así sigue privada de libertad como si fuera una criminal común”, expresó Bocio Familia.

El jurista también cuestionó la falta de equidad en el tratamiento judicial, comparando el caso con el del joven con esquizofrenia que recientemente fue internado en un centro de salud mental tras protagonizar un ataque en el sector Naco, donde murió una mujer y varias personas resultaron heridas.

“No entendemos por qué en ese caso sí se reconoce la condición psiquiátrica como factor determinante y en este no. La justicia no puede ser selectiva”, añadió.

García Cuello, quien se desempeñaba como médico militar, confesó haber decapitado a su hija el pasado 15 de agosto de 2024, en un episodio que, según la defensa, responde a un brote psicótico. El juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, había ordenado una evaluación forense, pero los resultados clínicos emitidos por el Inacif aún no han motivado una revisión de la medida cautelar.

La defensa sostiene que mantener a la imputada en prisión constituye una forma de castigo anticipado e incompatible con su estado de salud mental. «No se puede hablar de crimen o culpabilidad cuando se trata de una persona que no comprende la magnitud de sus actos», subrayó el abogado.