Dos contratos del Seguro Nacional de Salud (Senasa), relacionados con servicios de atención médica y distribución de suplementos nutricionales, plantean interrogantes sobre los procedimientos de contratación, las condiciones de ejecución y los mecanismos de supervisión de los recursos públicos.

Uno de los acuerdos involucra al Grupo Siulrod SRL, que opera bajo la marca comercial My Care RD y mantiene vínculos familiares con personas del entorno del exdirector de Senasa, Santiago Hazim. El contrato contemplaba servicios de seguimiento para afiliados con enfermedades crónicas, aunque algunos aspectos de su documentación requieren aclaración.

La empresa fue constituida en septiembre de 2020 y tiene entre sus socios a Ramón Alan Pickle Mateo y Rafael Luis Martínez Báez, padre de Rafael Martínez Hazim. El contrato original con Senasa fue firmado el 9 de junio de 2021 y posteriormente modificado mediante un addendum suscrito el 22 de diciembre de ese año por Santiago Hazim, en representación de la institución, y Ramón Pickle Mateo, por la compañía.

La modificación incorporó servicios dirigidos a aproximadamente 10,000 afiliados del régimen contributivo con enfermedades como diabetes, hipertensión y enfermedad renal. Sin embargo, en el documento señalado no se detallan el costo de los equipos de telemedicina contemplados ni las condiciones específicas de pago.

Otro aspecto que requiere explicación es la contratación directa de Siulrod y el cumplimiento de los requisitos de habilitación sanitaria correspondientes. También se ha planteado la necesidad de determinar si la participación de Ramón Pickle Mateo, quien se desempeñaba como empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ajustaba a las disposiciones legales aplicables a los servidores públicos y a la contratación con el Estado.

La revisión de estos puntos resulta necesaria para establecer si los procedimientos utilizados cumplieron con las normas vigentes al momento de formalizarse los acuerdos.

La empresa también habría mantenido contratos con otras entidades estatales, entre ellas Supérate y el Metro de Santo Domingo. En este último caso, se ha señalado que las cabinas de prevención y monitoreo instaladas operaron durante aproximadamente dos meses, por lo que resulta pertinente conocer los resultados del servicio y el uso de los recursos destinados a su funcionamiento.

Acuerdo para distribuir suplementos supera los RD$83 millones

Un segundo contrato corresponde al programa «Senasa Cuida de Ti», destinado a la adquisición y distribución de suplementos nutricionales entre afiliados del Régimen Subsidiado.

El acuerdo original fue firmado el 22 de julio de 2021 y modificado mediante un addendum el 30 de agosto de 2022. Entre los productos contemplados figuran Ceylanutre Desarrollo, dirigido a niños de entre 5 y 15 años, y Ceylanutre Vitalidad, destinado a adultos de 35 a 64 años, elaborados por la empresa CEYLAN, con sede en Valencia, España.

Los datos disponibles sobre el contrato indican una asignación de 55,741 afiliados, con un costo unitario de RD$1,495, para un monto total superior a los RD$83 millones.

Aunque durante 2022 se realizaron jornadas de distribución, quedan aspectos por esclarecer sobre la continuidad del programa, la verificación de las entregas y los mecanismos utilizados para comprobar los pagos efectuados.

Asimismo, se ha cuestionado el alcance de las funciones atribuidas a la empresa en relación con la organización de brigadas médicas en iglesias, clubes y centros educativos. En este punto, resulta necesario determinar qué servicios fueron autorizados y cuáles permisos correspondían, de acuerdo con la naturaleza de las actividades desarrolladas.

Contrataciones bajo escrutinio

Los dos acuerdos plantean interrogantes sobre los controles aplicados por Senasa para seleccionar proveedores, verificar sus habilitaciones, supervisar la ejecución contractual y comprobar que los servicios y productos adquiridos correspondieran con los recursos comprometidos.

Entre los aspectos que requieren aclaración figuran la justificación de las contrataciones directas, las condiciones económicas de los acuerdos, la documentación que respalda los pagos y los resultados obtenidos con los programas.

También se ha informado sobre indagatorias de la Procuraduría General de la República relacionadas con contratos de Senasa. El alcance de esas actuaciones y las eventuales responsabilidades deberán establecerse a partir de las evidencias y de las decisiones de las autoridades competentes.

La documentación de ambos contratos constituye un punto de partida para examinar si los acuerdos se ejecutaron conforme a lo establecido y si cumplieron con las disposiciones legales aplicables. La publicación de información detallada sobre sus costos, resultados, autorizaciones y mecanismos de supervisión permitiría esclarecer las dudas y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.