Santo Domingo Este. Una madre denunció que su hijo, Edwin Víctor Juste, murió a manos de agentes policiales durante un operativo realizado la mañana del martes 3 de noviembre en el interior de su vivienda, ubicada en Bateicito Monserrate, sector El Almirante, en Santo Domingo Este. El hecho ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados por los agentes y el respeto a los derechos de los ciudadanos durante este tipo de intervenciones.

De acuerdo con el relato de los familiares, el joven se encontraba en su dormitorio y se disponía a levantarse para llevar a unos niños a la escuela cuando los agentes irrumpieron en la vivienda y le dispararon, causándole la muerte.

Mariel Suse Juste, madre del fallecido, aseguró que salió de su casa rumbo al trabajo y, al notar que varias personas corrían hacia su residencia, regresó al lugar. Sin embargo, afirmó que los agentes le quitaron su teléfono celular y le impidieron acceder a la vivienda, donde posteriormente se enteró de que su hijo había muerto.

La mujer sostuvo que los policías alegaron que Víctor Juste tenía una orden de arresto, pero manifestó desconocer esa situación y exigió que se investiguen las circunstancias en las que se produjo el hecho.

“Me quitaron el celular, para que yo no grabe na’”, expresó la madre, al denunciar las restricciones que, según su testimonio, le impusieron durante el operativo.

El caso también fue denunciado por Diógenes Ozuna, representante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) en el distrito municipal de San Luis, quien cuestionó la actuación de los agentes y afirmó que el joven habría pedido clemencia antes de morir.

Ozuna denunció, además, que tras divulgar el testimonio de la madre recibió amenazas de agresión física con un arma de fuego por parte de un supuesto agente de la Dirección Central de Investigación (Dicrim). Asimismo, aseguró que una hermana del fallecido fue retenida dentro de la vivienda y que la madre habría sido objeto de maltrato verbal y expulsada del lugar.

La denuncia plantea interrogantes sobre la forma en que se ejecutó el operativo: ¿Por qué una intervención que, según los agentes, respondía a una orden de arresto terminó con una persona muerta dentro de su propia vivienda? ¿Se agotaron los protocolos para garantizar su detención sin recurrir a la fuerza letal? ¿Qué justifica impedir que los familiares documenten lo ocurrido o accedan al lugar?

De confirmarse las denuncias, la actuación de los agentes requeriría una investigación rigurosa que permita determinar si se respetaron los protocolos policiales y los derechos fundamentales de los involucrados. La existencia de una orden de arresto, por sí sola, no sustituye la obligación de preservar la vida ni justifica automáticamente el uso de fuerza letal.

Mientras los familiares procuraban obtener el cuerpo del joven en un centro de salud, aguardaban respuestas sobre lo sucedido. Hasta el momento de la redacción de esta información, la Policía Nacional no había ofrecido una versión oficial sobre el operativo ni sobre las circunstancias de la muerte.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de esclarecer las actuaciones policiales, establecer responsabilidades cuando corresponda y garantizar que los operativos de seguridad se desarrollen dentro del marco de la ley.