Donald Trump propuso una nueva iniciativa que permitiría a los funcionarios de inmigración rechazar solicitudes de residencia permanente a personas que podrían representar una carga económica para el país, retomando una de las políticas migratorias más controvertidas de su administración.

La propuesta fue presentada a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y busca derogar la regla de 2022 sobre la denominada “carga pública”, que actualmente limita la capacidad de los funcionarios para negar la entrada o la tarjeta de residencia (‘green card’) a solicitantes con bajos recursos económicos.

En 2019, Trump amplió esta regulación para impedir que inmigrantes que recibieran asistencia social, como programas de alimentación, vivienda o salud —incluyendo Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP)— pudieran acceder a la residencia permanente. Esto provocó que muchas familias, incluso niños ciudadanos estadounidenses, dejaran de recibir ayudas gubernamentales esenciales.

Aunque la administración de Joe Biden había revertido parcialmente estas restricciones, flexibilizando el acceso a los beneficios sociales, la nueva propuesta de Trump busca dar mayor autoridad a los oficiales del USCIS para evaluar caso por caso la “capacidad económica” de los solicitantes y determinar si podrían considerarse una carga para el país.

El texto oficial indica que la medida pretende que las decisiones de inadmisibilidad sean “coherentes con la política nacional expresada por el Congreso”. No especifica cuáles programas serán considerados como carga pública, pero asegura que se emitirán directrices adicionales próximamente para aclarar estos criterios.

La iniciativa generó críticas inmediatas de defensores de los inmigrantes. Adriana Cadena, directora de la Protecting Immigrant Families Coalition, calificó la propuesta como “peligrosa”, señalando que podría afectar la salud y estabilidad económica de millones de personas en Estados Unidos.

“Esta medida genera incertidumbre y confusión, y disuade a inmigrantes con estatus legal y a ciudadanos estadounidenses de solicitar la atención médica y la asistencia social que les corresponde por ley”, afirmó Cadena, advirtiendo que el impacto podría ser incluso mayor que la política implementada en 2019.

Asimismo, Renee M. Willis, presidenta de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, instó al Congreso —dominada por los republicanos— a rechazar la norma, recordando los problemas legales que enfrentaron medidas similares en años anteriores.

La propuesta se suma a recientes restricciones del Gobierno de Trump, como la limitación de visas de inmigrante para personas con enfermedades crónicas, incluyendo cáncer y obesidad, bajo el argumento de que podrían depender de los servicios de salud pública en el futuro.

Según un análisis de la Kaiser Family Foundation (KFF), las políticas de 2019 podrían haber reducido la cobertura de 2 a 4,7 millones de inscritos en Medicaid o CHIP, incluyendo hijos estadounidenses de inmigrantes indocumentados. Una encuesta de KFF de 2023 revela que muchos adultos inmigrantes no están seguros sobre las reglas de carga pública, y que uno de cada cuatro ha evitado solicitar asistencia por temor a afectar su estatus migratorio.

Con esta medida, la administración de Trump vuelve a colocar la inmigración y la asistencia social en el centro del debate político en Estados Unidos, generando preocupación entre organizaciones civiles y comunidades de inmigrantes sobre el acceso a servicios esenciales y la seguridad de las familias.