Santo Domingo.– La periodista, activista social y presidenta de Fundación LASO, Lorenny Solano, fijó una posición firme y contundente frente al debate nacional sobre la difamación, la injuria y los límites de la libertad de expresión, asegurando que “difamar no es ejercer un derecho, es cometer un delito”.

A través de un artículo de opinión publicado en Listín Diario, Solano expresó preocupación por el crecimiento de plataformas digitales y estructuras mediáticas que, según afirmó, operan bajo prácticas de chantaje, extorsión y destrucción reputacional disfrazadas de libertad de expresión.

“Pretender que sancionar la difamación constituye censura es una manipulación peligrosa. La libertad de expresión jamás puede convertirse en licencia para mentir, extorsionar y destruir moralmente a otro ser humano”, sostuvo.

La comunicadora destacó que la República Dominicana cuenta con mecanismos legales claros para sancionar este delito, citando la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, así como disposiciones civiles y penales vinculadas al daño moral y reputacional.
Solano aseguró que el problema de la difamación moderna va mucho más allá de las redes sociales, debido a que afecta profundamente la estabilidad emocional, familiar, social y profesional de las víctimas.
“Detrás de cada campaña de descrédito hay hijos, padres, familias y equipos completos sufriendo las consecuencias de una mentira viralizada”, expresó.

En su escrito, también advirtió que muchas personas honestas han decidido alejarse de espacios públicos, políticos y administrativos por temor al “linchamiento digital”, provocado por sectores que, según afirmó, convierten el ataque reputacional en un negocio.

“En República Dominicana existe una industria de la difamación. Algunos utilizan plataformas digitales para presionar, chantajear o extorsionar. Si reciben beneficios, callan; si no obtienen lo que buscan, lanzan campañas para destruir”, indicó.

Lorenny Solano respaldó además el fortalecimiento de las sanciones contra quienes difaman e injurian, incluyendo consecuencias penales y económicas más severas.
“Quien destruye reputaciones con falsedades debe responder ante la justicia. Debe enfrentar consecuencias reales, tanto penales como económicas, por el daño moral y social que provoca”, afirmó.

La periodista concluyó señalando que defender la libertad de expresión significa proteger el derecho ciudadano a expresarse con responsabilidad, verdad y respeto, y no convertir las plataformas digitales en espacios de impunidad.

“El país necesita leyes más modernas y efectivas para enfrentar una práctica que se ha convertido en un negocio para algunos sectores”, puntualizó.