La justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva contra Luisa González, excandidata presidencial por la Revolución Ciudadana, en el marco de una investigación penal por presunto lavado de activos y presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2023.

La medida cautelar fue otorgada este viernes a petición de la Fiscalía General del Estado, un día después de que la dirigente política fuera arrestada en su residencia de Canuto, provincia de Manabí, y trasladada a las instalaciones del Cuartel Modelo en Guayaquil, desde donde compareció por videoconferencia a la audiencia de formulación de cargos.

El proceso judicial, denominado caso «Laberinto», alcanza de igual forma con orden de prisión preventiva al exasambleísta Santiago Díaz y a Wendy Onofre, exfuncionaria de la Alcaldía de Guayaquil. La hipótesis del Ministerio Público apunta a rastrear unos 500.000 dólares, buscando determinar si fondos vinculados al alcalde guayaquileño Aquiles Alvarez habrían ingresado a las arcas electorales del correísmo.

El expediente recoge el testimonio de Santiago Díaz —condenado previamente a más de 29 años de cárcel por violación y expulsado de la organización política—, quien afirmó haber ingresado dinero en efectivo desde Venezuela para los comicios de ese año, versión que no incluyó elementos probatorios de respaldo. Asimismo, se vincula a Onofre por su paso en la administración municipal de Alvarez, opositor al actual Gobierno de Daniel Noboa y sentenciado por comercialización ilícita de hidrocarburos.

Durante la diligencia, González rechazó las imputaciones y ratificó que permanecerá en territorio ecuatoriano para ejercer su defensa. La excandidata, quien ya afrontaba desde marzo una indagación previa denominada «Caja Chica» por presunta financiación ilícita, denunció ser blanco de persecución política y señaló que acumula 19 procesos en el Ministerio Público.