Un tribunal impuso medidas de coerción contra Ramón Alberto Morla Pimentel y Jesús Manuel García Cuevas, brigadistas de la empresa contratista Grupo Soluciones Energéticas Soles, SRL, luego de que las autoridades ocuparan 18 medidores eléctricos en el vehículo en el que se desplazaban por Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Las medidas incluyen el pago de una garantía económica de RD$25,000 en efectivo para cada imputado, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país, mientras continúa el proceso judicial.

Según el informe policial, la detención ocurrió el 21 de octubre de 2026, alrededor de la 1:25 de la tarde, durante un operativo realizado por miembros de la Policía Nacional, con apoyo de la Policía Preventiva y del Departamento de Seguridad Física de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste).

Durante la intervención fueron ocupados los 18 medidores. Posteriormente, EDEEste informó que siete de esos equipos figuraban en sus registros como no localizados físicamente desde años anteriores, incluidos algunos vinculados a denuncias de robo formalizadas mediante actas policiales.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes. Hasta el momento, la información suministrada no establece de manera definitiva cómo llegaron los equipos al vehículo ni qué responsabilidad individual tendrían los brigadistas en las presuntas irregularidades.

El caso también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control utilizados para registrar, retirar, trasladar y supervisar los medidores eléctricos, así como sobre la forma en que la empresa contratista y EDEEste verifican el manejo de estos equipos.

Además, será relevante determinar si existían reportes previos sobre la desaparición de los dispositivos, qué medidas se adoptaron para localizarlos y si las investigaciones abarcarán posibles fallas en los controles internos, más allá de las actuaciones atribuidas a los dos empleados.

El proceso permanece bajo conocimiento de las autoridades competentes, que deberán establecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.