Bonao, Monseñor Nouel. El Gobierno dominicano destinó cerca de RD$360 millones al pago de prestaciones laborales pendientes de exempleados y compensaciones a pensionados de Falconbridge Dominicana (Falcondo), empresa cuyas operaciones mineras permanecen paralizadas.

El desembolso, coordinado por el Ministerio de la Presidencia y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), fue encabezado por el ministro José Ignacio Paliza. Los recursos serán utilizados para completar pagos a trabajadores cesantes y entregar a más de un centenar de pensionados una compensación equivalente a tres años de la ayuda que recibían.

La medida plantea interrogantes sobre la responsabilidad de la empresa en la acumulación de estas obligaciones y las razones por las que el Estado tuvo que adelantar recursos públicos para cubrir compromisos laborales pendientes. También vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de garantizar transparencia y rendición de cuentas en el manejo del dinero de los contribuyentes, en un contexto en el que la gestión de los fondos públicos es objeto de escrutinio ciudadano.

El presidente del FONPER, José Florentino, explicó que el desembolso contó con autorización judicial y se realizó mediante un mecanismo de subrogación que permite al Estado reclamar posteriormente los recursos adelantados, sin extinguir las obligaciones de Falcondo.

Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre el plazo para recuperar el dinero ni sobre las garantías existentes para asegurar su devolución. ¿Qué mecanismos utilizará el Estado para evitar que estos recursos terminen convirtiéndose en una carga definitiva para las finanzas públicas?

Por su parte, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, informó que la institución ofrecerá servicios de mediación, arbitraje y asistencia judicial para acompañar a los trabajadores durante el proceso.

Mientras el Gobierno ejecuta el desembolso, persisten interrogantes sobre las circunstancias que llevaron a la paralización de las operaciones mineras, el impacto económico en Monseñor Nouel y las medidas previstas para evitar que situaciones similares vuelvan a afectar a los trabajadores.

Durante el acto, Paliza afirmó que existen planes para procurar la reactivación de las operaciones mineras, dentro del marco legal. No obstante, no presentó un calendario concreto ni detalles sobre las condiciones necesarias para materializar esa posibilidad.

La entrega de los cheques comenzó con un acto simbólico en el que cuatro beneficiarios representaron a pensionados, exempleados regulares, personas con discapacidad y representantes sindicales. Posteriormente, continuó el operativo de pago al resto de los beneficiarios.

El desembolso fue autorizado por el Tribunal de Reestructuración y Liquidación de Empresas de Santiago, en el marco de la Ley 141-15 y del proceso legal relacionado con Falcondo, luego de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) anulara las concesiones de la empresa.