Santo Domingo, RD. La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) solicitó al Congreso Nacional aprobar, antes del 5 de noviembre, una prórroga de dos años para la entrada en vigencia de las disposiciones del nuevo Código Penal relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El presidente de la entidad, mayor general retirado Freddy González Estrada, sostuvo que la aplicación de este régimen sin un período de transición suficiente podría generar dificultades para las empresas, especialmente las de seguridad privada y las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que requieren tiempo para adecuar sus estructuras y procedimientos internos.

La solicitud se produce a pocos días de la fecha prevista para la entrada en vigor de estas disposiciones, mientras la Cámara de Diputados tiene pendiente completar el proceso legislativo para que la extensión sea aprobada antes del plazo establecido.

González Estrada afirmó que el sector empresarial no se opone al fortalecimiento del sistema de justicia ni al cumplimiento de las normas, pero considera necesario disponer de 24 meses para implementar programas de cumplimiento normativo (compliance), capacitar al personal y establecer mecanismos de supervisión y control.

El representante de Adesinc señaló que las empresas de seguridad privada operan bajo regulaciones específicas y gestionan actividades que involucran riesgos físicos y el uso de equipos sujetos a controles. En ese contexto, advirtió que la aplicación de sanciones como multas, inhabilitación comercial, cierre de establecimientos o disolución de sociedades, sin una etapa previa de adaptación, podría afectar la continuidad de las operaciones y miles de empleos formales.

La entidad respalda la posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que plantea la necesidad de establecer criterios claros y mecanismos de aplicación proporcionales al tamaño y la capacidad económica de las empresas.

Sin embargo, la discusión sobre la prórroga también plantea interrogantes sobre el nivel de preparación del sector empresarial para cumplir con las nuevas disposiciones y sobre la disponibilidad de mecanismos de orientación y supervisión que permitan garantizar su aplicación efectiva.

Adesinc sostuvo que el aplazamiento no debe interpretarse como una exención de responsabilidades, sino como un período para fortalecer las capacidades de las empresas y del sistema judicial ante la implementación del nuevo régimen.

Asimismo, González Estrada reconoció al senador por La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, por someter la iniciativa legislativa, y valoró la decisión del Senado de aprobarla de urgencia en dos lecturas consecutivas.

La propuesta ahora depende de la Cámara de Diputados, cuyo pronunciamiento deberá producirse antes del 5 de noviembre para evitar que las disposiciones entren en vigor en la fecha inicialmente establecida.