SANTO DOMINGO.– Cuatro diputados de la provincia La Altagracia manifestaron su oposición al borrador de resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que plantea reducir de cinco a cuatro los escaños de esa demarcación en la Cámara de Diputados a partir de las elecciones de 2028.

Los legisladores Francisco Villegas, Jorge Tavárez Valdez, Onavel Aristy y Carmen de la Rosa consideran que la propuesta debe revisarse antes de su aprobación, al entender que los criterios utilizados para distribuir las diputaciones podrían no reflejar las actuales condiciones demográficas de la provincia.

La posición de los congresistas se suma a la del senador Rafael Barón Duluc (Cholitín), quien también ha solicitado revisar la redistribución planteada por el organismo electoral.

Uno de los principales argumentos expuestos es el crecimiento poblacional de La Altagracia, que, según los legisladores, ha experimentado un aumento superior al 67 % en una década. Sostienen que esta evolución debe tenerse en cuenta al momento de determinar cuántos representantes le corresponden en el Congreso Nacional.

El diputado Francisco Villegas advirtió que pasar de cinco a cuatro legisladores supondría una reducción del 20 % de la representación provincial en la Cámara Baja, lo que, a su juicio, limitaría la capacidad de impulsar iniciativas legislativas y dar seguimiento a las necesidades de sus comunidades.

Entre las localidades que podrían verse afectadas mencionó Higüey, Verón, Bávaro, Punta Cana, San Rafael del Yuma, La Otra Banda y las zonas rurales.

Villegas propuso que los representantes de la provincia sostengan un encuentro con la JCE para conocer los estudios y criterios técnicos utilizados en la elaboración del borrador. También planteó realizar un análisis con base en los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda y las estadísticas demográficas.

Por su parte, el diputado Jorge Tavárez Valdez señaló que durante la discusión de la reforma constitucional de 2024 advirtió sobre las posibles consecuencias de utilizar el padrón electoral de ese año como referencia para redistribuir los escaños.

El legislador sostuvo que ese registro no necesariamente refleja la cantidad de personas que residen actualmente en La Altagracia, debido al movimiento migratorio interno hacia zonas turísticas y de desarrollo económico.

En ese sentido, consideró necesario que la JCE escuche a las autoridades y representantes de la provincia antes de tomar una decisión definitiva.

Mientras, Onavel Aristy afirmó que miles de personas que viven y trabajan en Higüey, Verón, Bávaro y Punta Cana mantienen su domicilio electoral en otras demarcaciones, situación que, según explicó, podría incidir en los resultados de la distribución.

La discusión plantea interrogantes sobre los criterios que debe utilizar la JCE para determinar la representación congresual: si el padrón electoral constituye un reflejo suficiente de la población de cada provincia o si deben considerarse otros indicadores, como la residencia efectiva y el crecimiento demográfico.

La propuesta mantiene abierto el debate sobre cómo garantizar una distribución de escaños que responda a la realidad de las distintas demarcaciones sin apartarse de los criterios constitucionales y legales.