El sistema financiero dominicano podría enfrentar nuevas exigencias para responder a los casos de fraude y sustracción de dinero de los clientes. El superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, informó que se trabaja en un reglamento para reducir los riesgos operacionales de las entidades financieras, así como en una disposición que les exigiría mantener un capital adicional para cubrir incidentes relacionados con fraudes y ciberseguridad.

La medida, que estaría siendo trabajada por la Junta Monetaria, entraría en vigor en abril de 2027. Sin embargo, no se han detallado los mecanismos específicos mediante los cuales los clientes afectados podrían recuperar el dinero sustraído ni las condiciones que determinarían la responsabilidad de los bancos en cada caso.

Cedeño Brea también informó sobre una propuesta denominada Ley de Integridad Financiera, impulsada por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, que actualmente se encuentra en la Consultoría Jurídica de la Superintendencia de Bancos.

Como parte de las acciones de prevención, la Superintendencia asegura que emite informes y boletines sobre las modalidades de fraude detectadas y comparte esa información con las entidades supervisadas para que adopten medidas correctivas.

No obstante, las estadísticas reflejan que el problema continúa representando un impacto económico para el sector. Según el último informe de Riesgo Operacional de la banca dominicana, las pérdidas netas por estos eventos alcanzaron los RD$1,924 millones en 2025, un aumento de 14.5 % respecto al año anterior.

Aunque la cantidad promedio anual de incidentes ronda los 30,000 y durante 2025 se registró una ligera reducción frente a 2024, el incremento de las pérdidas económicas evidencia que los fraudes siguen siendo un desafío para las entidades financieras.

El fraude externo concentra cerca del 65 % de las pérdidas netas, mientras que las cuentas de ahorro y corrientes figuran entre los productos más afectados, especialmente en el entorno digital. En cuanto a las operaciones presenciales, las sucursales y ventanillas continúan registrando incidentes.

Otro dato que llama la atención es la reducción de las recuperaciones, que en 2025 representaron apenas el 23 % de las pérdidas brutas, luego de alcanzar niveles superiores en años anteriores.

El escenario plantea interrogantes sobre la protección efectiva de los usuarios: ¿qué garantías tendrán los clientes para recuperar su dinero cuando sean víctimas de fraude?, ¿quién asumirá la responsabilidad cuando las operaciones se realicen mediante canales digitales y qué plazo tendrán los bancos para responder?

Aunque la creación de un capital adicional busca fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades financieras, queda por conocer si la futura regulación establecerá obligaciones concretas de reembolso y mecanismos de protección que eviten que los clientes terminen asumiendo las consecuencias económicas de estos delitos.