SANTO DOMINGO – El abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), arremetió este martes contra la resolución que mantiene a su defendido en prisión preventiva, calificándola como una decisión «arbitraria» y «desproporcionada»que atenta contra los principios del Estado de Derecho.

Valerio reveló que el estado de salud de Hazim ha sufrido un revés crítico durante su tiempo en reclusión, registrando una pérdida de peso de entre 70 y 80 libras. El jurista enfatizó que el diagnóstico de esclerosis múltiple ya ha sido validado en instancias judiciales previas.

La defensa técnica ha depositado un recurso con el objetivo de que se varíe la medida de coerción actual. Valerio argumentó que la sentencia vigente es «antiética» y que el magistrado de primer grado se tomó atribuciones que corresponden a un juez de fondo, ignorando la condición médica del imputado.

Ante la pregunta de si buscan específicamente la prisión domiciliaria, el abogado se limitó a señalar que el recurso solicita una «variación» debido a lo desproporcionado de la pena actual, sugiriendo que en el futuro próximo será necesaria la intervención de una junta médica para certificar de manera oficial el estado de salud de su representado.

En el mismo proceso judicial que Hazim también comparecen otros seis imputados vinculados al presunto entramado de corrupción que, de acuerdo con el Ministerio Público, operaba dentro de Senasa. Entre ellos figuran Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; así como Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Los imputados cumplen prisión preventiva en los centros de corrección Las Parras y Najayo Mujeres.

Asimismo, la Corte conoce el recurso de apelación presentado por el abogado Miguel Surún Hernández en favor de Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes actualmente se encuentran bajo arresto domiciliario, con impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.