La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que más de 8,000 miembros de la Policía Nacional cuentan con cámaras corporales para registrar sus actuaciones durante operativos y procedimientos de seguridad, en medio de las denuncias sobre abusos policiales y el debate sobre los mecanismos de supervisión de la institución.

Raful aseguró que el Gobierno no tolera las actuaciones abusivas de los agentes ni los hechos delictivos contra la ciudadanía. “No, no estamos de acuerdo con los abusos policiales, como tampoco estamos de acuerdo con los abusos que cometen los delincuentes en contra de los ciudadanos de bien de este país”, expresó.

La funcionaria explicó que estos dispositivos buscan documentar las intervenciones policiales, facilitar las investigaciones internas y determinar posibles violaciones a los protocolos establecidos.

Sin embargo, la implementación de cámaras corporales plantea interrogantes sobre el alcance de la supervisión, el acceso a las grabaciones y las garantías de que los casos de uso excesivo de la fuerza sean investigados de manera efectiva.

La ministra indicó que los agentes que incurran en faltas podrían ser desvinculados de la institución y sometidos a la justicia, dependiendo de la gravedad de los hechos y de los resultados de las investigaciones.

Desde el Centro de Monitoreo y Control de la Policía Nacional, Raful también destacó la coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, que cuenta con más de 10,000 cámaras de vigilancia instaladas en distintos puntos del país.

Según explicó, esta infraestructura permite monitorear calles y avenidas, dar seguimiento a situaciones de riesgo y apoyar las labores de prevención e investigación del delito.

La integración de estas herramientas tecnológicas forma parte del proceso de reforma policial impulsado por las autoridades. No obstante, su efectividad dependerá de la aplicación de los protocolos, la transparencia en el manejo de las evidencias y las consecuencias frente a posibles irregularidades.

Raful reconoció que todavía existen desafíos para garantizar que los agentes actúen conforme a la ley y respeten los derechos fundamentales de la población.

“Este es el camino que hemos iniciado, conscientes de que nos falta mucho por hacer, porque nuestro principal objetivo es que nuestra Policía Nacional garantice el orden público, trabajando con la ciudadanía en la construcción de una mayor seguridad para todos”, sostuvo.

Las declaraciones reavivan el debate sobre la transformación de la Policía Nacional y la necesidad de que las medidas de supervisión se traduzcan en resultados concretos frente a las denuncias de abusos y en mayores garantías para los ciudadanos.