27 de octubre de 2026 5:11 AM

Depositan en el Senado proyecto para declarar el turismo deportivo de prioridad nacional

Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD) promueve un proyecto de ley que busca declarar el turismo deportivo de prioridad nacional y establecer mecanismos para coordinar el desarrollo de esta actividad en República Dominicana.

La propuesta, presentada por el senador de San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, fue depositada en el Senado de la República el pasado 14 de octubre y remitida a la Comisión Permanente de Deportes para su estudio, según informó la organización.

Entre las medidas planteadas figura la creación del Consejo Nacional de Desarrollo de Turismo Deportivo (CONDETUDE), un organismo que tendría la función de articular la participación del Estado, las entidades deportivas y el sector privado.

La iniciativa también contempla una Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, un registro de organizaciones vinculadas al sector y una ventanilla única para facilitar los trámites relacionados con la organización de eventos y el desarrollo de inversiones.

Proyecto plantea atraer inversiones sin crear nuevos impuestos

De acuerdo con sus promotores, el proyecto busca facilitar la celebración de eventos deportivos internacionales, incentivar el patrocinio y ampliar las oportunidades económicas que genera la llegada de visitantes motivados por actividades deportivas.

La propuesta establece que estos mecanismos se implementarían sin crear nuevos impuestos ni compromisos presupuestarios adicionales para el Estado. Sin embargo, durante el estudio legislativo será relevante determinar cómo se financiaría el funcionamiento del consejo propuesto y qué recursos requeriría la aplicación de la estrategia nacional.

Otro de los componentes del proyecto es la elaboración de estadísticas y estudios de impacto económico para medir la contribución del turismo deportivo. Estos datos permitirían evaluar si los eventos organizados generan beneficios sostenibles para las comunidades, los negocios locales y el empleo.

ADOTURD defiende la iniciativa

El presidente de ADOTURD, Yerik Pérez, sostuvo que la propuesta pretende establecer una política de Estado que permita coordinar los esfuerzos públicos y privados, atraer competiciones internacionales y ampliar las oportunidades económicas en distintas localidades del país.

«La República Dominicana cuenta con condiciones para convertirse en un destino de referencia del turismo deportivo. Con esta propuesta buscamos establecer una política de Estado que permita planificar el desarrollo del sector, atraer eventos internacionales y ampliar sus beneficios en el territorio nacional», expresó Pérez.

Por su parte, el senador Gustavo Lara Salazar señaló que el proyecto busca establecer un marco de coordinación y planificación, y afirmó que su estudio en el Senado permitirá evaluar las herramientas necesarias para impulsar esta actividad.

La abogada Juliana Ramia, integrante del Consejo Consultivo de ADOTURD, participó en el equipo encargado de redactar y revisar la propuesta legislativa.

La iniciativa queda pendiente de evaluación legislativa

El proyecto contempla la participación de ADOTURD y otros representantes del sector privado en la formulación, consulta y seguimiento de las políticas públicas de turismo deportivo.

No obstante, la propuesta todavía debe pasar por el proceso de estudio legislativo. Entre los aspectos que deberán evaluarse figuran la estructura y las atribuciones del consejo, los mecanismos de rendición de cuentas, los criterios para seleccionar los eventos que recibirían apoyo y las formas de medir sus resultados económicos y sociales.

También será importante establecer cómo se distribuirían los beneficios entre los destinos turísticos tradicionales y las comunidades que buscan nuevas fuentes de actividad económica.

ADOTURD manifestó su disposición de colaborar con el Congreso Nacional, las autoridades y los distintos actores del sector durante la discusión de la iniciativa. Por el momento, el proyecto permanece en fase de evaluación y no constituye una política pública aprobada.