Las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader sobre el control absoluto de la frontera dominico-haitiana, sumadas al anuncio de la repatriación de cuatro dominicanos que desistieron de combatir con el ejército ruso, han reavivado las dudas de diversos sectores sobre la verdadera efectividad de la política de seguridad nacional y la inteligencia estatal. Durante su intervención en La Semanal con la Prensa, el mandatario sostuvo que la inestabilidad del país vecino nunca ha traspasado el límite territorial desde el magnicidio de Jovenel Moïse en 2021; sin embargo, esta postura contrasta con las constantes denuncias de comunidades fronterizas y expertos en la materia, quienes señalan que la porosidad de la zona, el tráfico irregular y el contrabando persisten a pesar de las altas inversiones en operativos de contención y presencia militar.

A estas inquietudes se suma la afirmación del Ejecutivo sobre el mantenimiento de una «zona de seguridad del lado haitiano», una estrategia que abre serios cuestionamientos en materia de diplomacia y derecho internacional sobre los límites jurisdiccionales del despliegue militar dominicano en territorio extranjero. Analistas y críticos sostienen que la narrativa oficial busca proyectar un blindaje total, cuando en la práctica persisten interrogantes sobre el nivel real de infiltración o nexos que las bandas armadas haitianas podrían mantener con redes operativas locales, lo que pone en entredicho el control preventivo en la franja fronteriza.

Por otro lado, la intervención de la Cancillería para gestionar el retorno de los ciudadanos involucrados en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania expone notables vacíos en los mecanismos de supervisión y alerta temprana del Estado.

El hecho de que nacionales dominicanos hayan podido alistarse en un ejército extranjero sin ser detectados por los organismos de inteligencia plantea dudas sobre la vigilancia de las fronteras aéreas y el rastreo de redes de reclutamiento internacional, así como sobre los protocolos de seguimiento penal y psicológico que aplicará el Gobierno a su regreso para evaluar el impacto que su experiencia militar podría representar para la seguridad interna del país.