21 de noviembre de 2026 3:13 AM

FNP plantea modificar fórmula de precios de los combustibles y cuestiona políticas energéticas y económicas del país

La Fuerza Nacional Progresista (FNP) anunció que trabaja en una iniciativa legislativa popular para modificar la fórmula de cálculo de los precios de los combustibles en República Dominicana, al considerar que el mecanismo establecido en la Ley 112-00 de Hidrocarburos no responde de manera equilibrada a la realidad económica de los consumidores y termina afectando con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos.

La organización política, presidida por Pelegrín Castillo, entiende que el actual sistema de fijación de precios requiere una revisión profunda que permita mayor transparencia en la estructura de costos, los márgenes de comercialización y los impuestos aplicados a los combustibles.

El planteamiento abre nuevamente el debate sobre cómo se determinan los precios que pagan los dominicanos en las estaciones de expendio y hasta qué punto la fórmula vigente refleja las variaciones reales del mercado internacional. También pone sobre la mesa la necesidad de que las autoridades expliquen con mayor claridad los componentes que inciden en los reajustes semanales.

La FNP considera que el Estado debe abandonar las respuestas coyunturales ante las crisis y establecer políticas públicas de largo plazo que reduzcan la vulnerabilidad económica del país.

Cuestionamientos al modelo energético

Entre los puntos señalados por la organización figura el recargo de un 25 % aplicado a usuarios de energía renovable acogidos a los incentivos de la Ley 57-07. La FNP cuestionó esta disposición y pidió a la Superintendencia de Electricidad revisar la resolución que establece dicho cobro.

El partido considera contradictorio que, mientras se promueve la transición energética y se incentiva el uso de fuentes renovables, se establezcan cargos adicionales que podrían desestimular la inversión de ciudadanos y empresas en sistemas de generación limpia.

La situación plantea una interrogante sobre la coherencia de la política energética nacional: ¿cómo se pretende ampliar el uso de energías renovables si las condiciones regulatorias pueden representar nuevas cargas para quienes deciden invertir en ellas?

La organización también anunció que impulsará una propuesta para extender los incentivos de la Ley 57-07 a las baterías de almacenamiento y a los procesos de fabricación local, además de insistir en la aprobación de una ley de eficiencia energética que lleva más de 15 años pendiente.

Mipymes y presión tributaria

En materia fiscal, la FNP pidió reconsiderar los procedimientos de implementación de la facturación electrónica, al sostener que una parte importante de las micro, pequeñas y medianas empresas no cuenta con las condiciones económicas ni tecnológicas necesarias para asumir su implementación.

Como alternativa, propuso recuperar la rifa fiscal y establecer un tributo único y simplificado que facilite la formalización progresiva de estos negocios.

El planteamiento vuelve a poner en discusión la carga administrativa y económica que enfrentan las Mipymes, especialmente aquellas que operan con márgenes reducidos. La modernización tributaria puede ser necesaria, pero también exige que el Estado tome en cuenta las diferencias de capacidad entre las grandes empresas y los pequeños comerciantes.

Agua, producción y seguridad fronteriza

En cuanto a los recursos naturales, la organización reclamó la aprobación de los marcos regulatorios relacionados con las leyes de agua, agua potable y saneamiento.

La FNP advirtió sobre la contaminación, el deterioro de las cuencas hidrográficas y las deficiencias en la gestión de los recursos hídricos, problemas que requieren respuestas institucionales que vayan más allá de anuncios y compromisos.

También propuso revisar las normas zoofitosanitarias considerando la condición insular de República Dominicana y fortalecer los controles fronterizos y las capacidades nacionales de vigilancia.

En el ámbito de la seguridad, la organización expresó preocupación por el supuesto flujo creciente de recursos económicos procedentes de Haití y del exterior que, según afirmó, no estaría siendo fiscalizado adecuadamente.

Asimismo, advirtió sobre posibles riesgos vinculados a proyectos de telecomunicaciones y servicios de monedero digital, aunque estos señalamientos requieren información técnica y evidencias que permitan dimensionar los riesgos planteados.

Propuestas que requieren respuestas concretas

Las iniciativas fueron presentadas por Pelegrín Castillo, quien además ocupa la vicepresidencia de la Unión de Partidos Latinoamericanos, como parte de un llamado a establecer políticas de Estado en materia económica, energética, ambiental y de seguridad.

Más allá de los planteamientos partidarios, las propuestas colocan sobre la mesa asuntos que afectan directamente a la población y que merecen explicaciones y respuestas de las instituciones responsables.

La revisión de los precios de los combustibles, los costos de la energía, la presión tributaria sobre las Mipymes y la gestión del agua son temas que no deberían limitarse a debates políticos ni a anuncios de iniciativas legislativas. Requieren transparencia, evaluaciones técnicas y decisiones que puedan medirse por sus resultados.

Ahora queda por determinar si estas propuestas lograrán convertirse en proyectos concretos y, sobre todo, si las autoridades y el Congreso asumirán la discusión de problemas que llevan años afectando la economía y la calidad de vida de los dominicanos.