SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) vuelve a encender el debate político y es que mientras la Junta Central Electoral sostiene que la consulta interna anunciada por esa organización carece de respaldo legal, ellos aseguran que seguirá adelante con el proceso pautado nuestra compañera Noemy Vicioso está en directo desde la casa Nacional de ese partido y nos amplía.

El PLD aseguró este lunes que mantiene sin cambios los preparativos de la consulta interna programada para el 18 de octubre, pese a la certificación emitida por la Junta Central Electoral sobre la legalidad de ese proceso.

El miembro del Comité Político del PLD, Yván Lorenzo, afirmó que esa certificación no tiene carácter vinculante para la Comisión Nacional Organizadora de la Consulta, conocida como Conan, y sostuvo que el partido actuará respetando la Constitución, la Ley de Partidos y la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral.

Sin embargo, la posición del PLD contrasta con la expresada por la Junta Central Electoral, que en una certificación remitida a Domínguez Brito indicó que una consulta para escoger una candidatura presidencial antes del período establecido por la ley carece de sustento jurídico

Pero la consulta interna no fue el único tema abordado por la dirección peledeísta, ya que el partido también criticó la modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

Ese partido acusó al Gobierno y a la mayoría congresual del PRM de impulsar reformas de alto impacto económico y social sin construir consensos, sin escuchar a los sectores involucrados y sin presentar estudios técnicos que respalden las decisiones.

Aunque reconoció que la nueva propuesta corrige parcialmente algunos problemas de proporcionalidad, la organización política advirtió que una política ambiental no puede medirse únicamente por la capacidad de recaudar recursos.

El partido también manifestó preocupación porque, según afirmó, no se ha informado cuál fue la participación técnica del Ministerio de Medio Ambiente, y de otras instituciones responsables de ejecutar la política nacional de residuos.